By: Mario Urz\u00faa<\/p>\n
De acuerdo a las estipulaciones que se hicieron el d\u00eda 30 y 31 de marzo, y 6 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, a trav\u00e9s del Consejo de Salubridad General; el Gobierno Federal estableci\u00f3 la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, mediante las cuales determinaron cuales eran las actividades econ\u00f3micas esenciales y no esenciales, provocando con esto que la gran parte de la actividad econ\u00f3mica del pa\u00eds se detuviera. Como consecuencia se gener\u00f3 un incumplimiento de las obligaciones de contratos civiles y mercantiles, aunado a que los tribunales locales de los estados no est\u00e1n recibiendo demandas nuevas. Esto provocar\u00e1 que el d\u00eda 1 de junio del 2020, (seg\u00fan lo resolvi\u00f3 el Consejo del Poder Judicial de Jalisco en acuerdo de fecha 15 de mayo del 2020), que inicien nuevamente labores los tribunales locales o estatales, una sobrecarga de demandas y de trabajo para la impartici\u00f3n de justicia.<\/p>\n
Provocando con esto que las personas afectadas tengan que contratar abogados, ya sea, para demandar el cumplimiento o incumplimiento, provocando que dichos profesionistas en dichas demandas y en el juicio correspondiente, se vean en la necesidad de acreditar la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n, el caso fortuito o fuerza mayor, seg\u00fan sea el caso. Ya que, dependiendo de la materia mercantil o civil, tendr\u00e1n que justificar la lesi\u00f3n sobrevenida, los tipos de caso fortuito, ordinario o extraordinario, la teor\u00eda de los riesgos, principios generales del derecho, como la equidad, la buena fe, etc.; generando juicios largos y costos altos para sus contratantes.<\/p>\n
Sumando a lo anterior, los juzgados o tribunales ya ten\u00edan un exceso de carga de trabajo, provocando juicios largos y p\u00e9rdida de tiempo, tan es as\u00ed, que en las 32 entidades federativas de la Rep\u00fablica Mexicana se tramitan anualmente 1,961,517 expedientes judiciales, con datos correspondientes al a\u00f1o 2018 del INEGI.<\/p>\n
De ese total de causas judiciales, el 38% corresponde a la materia familiar (divorcios, adopciones, pensiones de alimentos o compensatorias, incidentes de guarda y custodia de menores, etc\u00e9tera) y el 29% a la materia civil (arrendamientos, acciones de protecci\u00f3n de la propiedad, disputas por herencias, etc\u00e9tera) el 22.6% a la materia mercantil, el 7.6% a la materia penal, e 1.5 a otras materias, y el 0.2 a Justicia Adolescente.<\/p>\n
Y a su vez, es importante recalcar que de ese total (100%) el 73.4% se resuelven en el sistema tradicional (justicia adversarial) y el 24% en los juicios orales; de dichos juicios en el 2019 solo se concluyeron 1,153,542 (juicios anteriores a 2019 y del 2019), quedando pendientes por resolver 3,066,386 que pudiesen resolverse o no durante el 2020, de los cuales el 47.7% son materia familiar, 32.2% son materia civil, 24.5% son mercantiles, y el 1.6% de otras materias.<\/p>\n
Analizando la informaci\u00f3n anterior, es que resulta indispensable, el uso de la cultura de la paz (mediaci\u00f3n) para la resoluci\u00f3n de los conflictos, no solo para disminuir la carga de trabajo que se avecina con la \u201cnueva normalidad\u201d. Sino que, en virtud de que tendr\u00e1n que atender menos asuntos por d\u00eda, para cumplir con los protocolos de salud implementados, ya es momento de implementar como una pol\u00edtica p\u00fablica esta Instituci\u00f3n Social la cual genera una paz positiva, a trav\u00e9s del ejercicio intelectual, innovador y creativo. La justicia adversarial (tradicional), est\u00e1 limitada a un marco r\u00edgido e inflexible, por lo que provoca la indefinici\u00f3n de los intereses propios de las personas en conflicto, provocando que el sistema solo genere una soluci\u00f3n parcial, no individualizada sino general, no trae satisfacci\u00f3n particular, y el conflicto no se transforma.<\/p>\n
Se indica lo narrado en p\u00e1rrafos anteriores, en virtud de que seg\u00fan datos correspondientes al a\u00f1o 2018, se ingresaron en todo el pa\u00eds 176,682 expedientes bajo el esquema de mediaci\u00f3n acumul\u00e1ndose a los ya existentes, y se concluyeron en dicho a\u00f1o 158,748 expedientes, quedando pendientes por concluir 22,415, de los cuales el 39.5% son de materia familiar, 29.9% materia civil, y 10.8% materia mercantil.<\/p>\n
Como vemos, en el pa\u00eds los conflictos iniciados a trav\u00e9s de un proceso de mediaci\u00f3n no llega ni al 10% de los procesos iniciados en la justicia Adversarial (tradicional), esto se debe, a la carencia de una cultura de la paz en nuestra poblaci\u00f3n, y de pol\u00edticas p\u00fablicas que la implementen, y tomando como referencia Espa\u00f1a, que ya se encuentra en el inicio de la nueva normalidad, en lo que respecta a la impartici\u00f3n de justicia, asociaci\u00f3n de empresarios denominada c\u00edrculo de empresarios, le propone al Consejo del Poder Judicial de dicho pa\u00eds, la implementaci\u00f3n de los m\u00e9todos alternos de manera obligatoria, por el eminente colapso que tendr\u00e1n sus tribunales; y que en nuestro pa\u00eds no lo han contemplado. En lo que respecta al estado de Jalisco, el Instituto de Justicia Alternativa ha tenido una gran actividad a partir de que se decret\u00f3 la emergencia y ha dado seguimiento durante la misma a m\u00e1s de 500 acuerdos, seg\u00fan lo inform\u00f3 dicho Instituto en su cuenta de Twitter, de los cuales un gran n\u00famero, se han hecho de manera digital, a pesar de que nuestra legislaci\u00f3n estatal no lo tiene regulado como tal.<\/p>\n
Por lo que, se tiene que generar un cambio disruptivo, a trav\u00e9s de mejoramiento del sistema de prestaci\u00f3n del servicio de justicia por parte de los tribunales y del gobierno en general, y como consecuencia un cambio de paradigma en la impartici\u00f3n de justicia, privilegiando la movilizaci\u00f3n del proceso, por la gesti\u00f3n del conflicto, generando la ciudadanizaci\u00f3n de la justicia a trav\u00e9s de la mediaci\u00f3n, la cual resalta, la ganancia de las partes de forma simple y coloquial, la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en la soluci\u00f3n de sus conflictos, a trav\u00e9s de la gesti\u00f3n del conflicto conforme a los intereses de las partes, generando como consecuencia los intereses sociales por los efectos que se causa sobre la sociedad, ya que se convierte en una forma en que la sociedad satisface sus propias necesidades.
\nSi bien es cierto que la justicia en M\u00e9xico es gratuita, la realidad es que, a los ciudadanos les genera altos costos, por el largo tiempo que pasa para recuperar lo reclamado, adem\u00e1s de la inversi\u00f3n que se hace durante la duraci\u00f3n del largo proceso judicial, por este motivo, es que los m\u00e9todos alternos como la mediaci\u00f3n, sus costos son sumamente inferiores a los que genera un proceso judicial, ya que, se resuelve el conflicto m\u00e1s r\u00e1pido y no resulta tan gravoso para las partes que intervienen, esto es, que desde un inicio, conocen el costo del proceso de mediaci\u00f3n.<\/p>\n
Y la recuperaci\u00f3n de lo reclamado por motivo del conflicto, es en menor tiempo, lo que genera una recapitalizaci\u00f3n; por lo que, condiciones sociales positivas, esto, porque se generan cambios, condiciones no previstas por la sociedad, al estar acostumbrados al desgaste de largos procesos judiciales, y como consecuencia, genera v\u00ednculos fuertes entre la sociedad, reciprocidad entre las personas, equilibrio entre las personas y clases sociales, facilitando la vida en com\u00fan, porque permite que las personas logren el nivel de entendimiento de sus intereses y no de sus posiciones.<\/p>\n